Gobierno federal insta a evitar la criminalización de las protestas feministas del 8M

La Secretaría de Gobernación emitió un pronunciamiento en el que exhortó a las autoridades estatales a actuar con estricto apego a los protocolos institucionales y en pleno respeto a los derechos humanos. El mensaje, difundido en un comunicado oficial, subraya la importancia de garantizar que las movilizaciones sociales se desarrollen en un marco de legalidad y protección a las garantías individuales.

El gobierno federal reafirmó su compromiso con el derecho a la protesta pacífica, un principio que, según la dependencia, ha sido eje central de su política en materia de derechos humanos. Como parte de este enfoque, se implementó el *Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica*, una herramienta diseñada para orientar a las entidades federativas en el manejo de manifestaciones. Este documento establece directrices claras que buscan no solo salvaguardar el orden público, sino también responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas.

Entre los lineamientos más relevantes del protocolo destacan la obligación de atender las exigencias de los colectivos, así como la creación de mecanismos de diálogo que permitan reducir tensiones antes de que escalen. Además, se enfatiza la necesidad de habilitar rutas de evacuación seguras para los participantes y designar enlaces específicos que faciliten la labor de los periodistas, asegurando así su protección y el libre ejercicio de su profesión durante las movilizaciones.

Aunque el protocolo recopila prácticas que han demostrado ser efectivas en distintos contextos, la dependencia reconoció que cada protesta tiene características únicas, dependiendo del estado o municipio donde ocurra. Por ello, se plantea como un instrumento flexible, capaz de adaptarse a las condiciones locales sin perder de vista su objetivo principal: abordar las manifestaciones desde una perspectiva humanista. Esto implica priorizar el diálogo, la prevención de conflictos y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, incluso en situaciones de alta complejidad.

El llamado de Gobernación llega en un momento en el que diversas entidades del país han registrado movilizaciones con distintos grados de intensidad, algunas de ellas marcadas por tensiones entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La dependencia insistió en que la aplicación rigurosa de estos lineamientos no solo contribuye a evitar violaciones a derechos humanos, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. En ese sentido, se subrayó que la responsabilidad recae tanto en las autoridades como en los propios colectivos, quienes deben ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y organizada.

Más allá de las normas, el protocolo busca sentar las bases para una cultura de la protesta que privilegie la solución negociada de los conflictos. La apuesta es clara: transformar las movilizaciones en oportunidades para escuchar, dialogar y construir acuerdos, en lugar de espacios de confrontación. Sin embargo, su éxito dependerá, en gran medida, de la voluntad política de los gobiernos estatales y municipales para implementarlo con transparencia y sin sesgos.

En un país donde las protestas sociales son frecuentes y, en ocasiones, derivan en episodios de violencia, la existencia de un marco regulatorio como este representa un avance. No obstante, su eficacia real se medirá en la práctica, especialmente en aquellos casos donde las demandas ciudadanas chocan con intereses políticos o económicos. La Secretaría de Gobernación, por su parte, dejó en claro que seguirá monitoreando su aplicación y brindando acompañamiento técnico a las autoridades locales para asegurar que se cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La invitación a las entidades federativas es clara: adoptar el protocolo no como un requisito burocrático, sino como una guía para actuar con sensibilidad y profesionalismo. En un contexto donde la polarización social parece agudizarse, herramientas como esta podrían ser clave para evitar que las diferencias se resuelvan en las calles con represión o arbitrariedades. El reto, ahora, está en llevarlo del papel a la realidad.