Magisterio marginado: la CNTE acusa exclusión en el plan de paz para Michoacán
La violencia en las aulas no es un problema aislado, sino el reflejo de una crisis más profunda que atraviesa a la sociedad mexicana. Así lo advirtió un representante del magisterio, quien cuestionó con firmeza la estrategia de pacificación impulsada por las autoridades, señalando que, hasta ahora, ha demostrado ser insuficiente para garantizar entornos seguros tanto para estudiantes como para profesores. “No basta con discursos ni con operativos esporádicos”, afirmó, “mientras no se ataquen las causas estructurales de la inseguridad, seguiremos viendo cómo la violencia se filtra en las escuelas, convirtiéndolas en espacios de riesgo en lugar de refugios para el aprendizaje”.
El docente, cuya voz resuena entre miles de maestros que enfrentan diariamente la incertidumbre, denunció la ausencia de protocolos claros por parte de la Secretaría de Educación estatal para proteger al personal educativo. “No existen lineamientos concretos sobre qué hacer ante situaciones de riesgo, ni mecanismos de alerta temprana que permitan actuar con rapidez”, explicó. Esta falta de directrices, agregó, deja a los profesores en una posición de vulnerabilidad, obligados a improvisar soluciones ante amenazas que van desde el acoso hasta la presencia de grupos delictivos en las inmediaciones de los planteles.
La crítica no se limita a la inacción burocrática, sino que apunta a una desconexión entre las políticas públicas y la realidad que viven las comunidades educativas. Mientras las autoridades celebran avances en materia de seguridad, en las escuelas persisten historias de maestros que han sido extorsionados, estudiantes reclutados por el crimen organizado o aulas que se vacían por el miedo. “¿De qué sirve invertir en infraestructura si no hay garantías básicas para quienes trabajamos ahí?”, cuestionó el representante, subrayando que la seguridad no puede reducirse a cifras o declaraciones optimistas.
El problema, insistió, exige una respuesta integral. No se trata solo de desplegar más elementos policiacos en las calles, sino de reconstruir el tejido social desde las bases. Esto implica, entre otras medidas, fortalecer los programas de prevención del delito en las escuelas, capacitar a los docentes en manejo de conflictos y, sobre todo, escuchar sus demandas. “Los maestros no somos héroes ni mártires; somos profesionales que merecemos condiciones dignas para ejercer nuestra labor”, sentenció.
La advertencia del magisterio llega en un momento crítico, cuando la violencia en el país alcanza niveles alarmantes y las escuelas, lejos de ser santuarios, se han convertido en territorios disputados. Si las autoridades no actúan con urgencia, advirtió, el daño será irreversible: generaciones enteras crecerán en un ambiente donde el miedo compite con el conocimiento, y la educación, en lugar de ser un derecho, se convertirá en un privilegio al que pocos podrán acceder. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo se seguirá priorizando la retórica sobre la acción?
